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martes, 15 de enero de 2019

La condena a muerte a canadiense agrava la crisis entre Pekín y Ottawa

 

PEKÍN.- La condena a muerte a un ciudadano canadiense por tráfico de drogas en China ha agravado la crisis diplomática entre Pekín y Ottawa abierta desde diciembre tras la detención de la directora ejecutiva de Huawei, y que ha desembocado en un cruce de acusaciones entre ambas partes.

La sentencia a Schellenberg, que según su abogado ya ha sido recurrida, fue anunciada ayer por un tribunal de Dalian, en el noreste del país, en un juicio que generó gran expectación y al que el Gobierno chino permitió el acceso de un selecto grupo de periodistas extranjeros, algo inusual.


Tras ser juzgado inicialmente en 2016 y condenado a 15 años de prisión, el juicio se repitió después de que el veredicto contra el canadiense fuera apelado porque los fiscales consideraron que la pena era demasiado leve.

La reacción de Canadá a esta dura sentencia fue inmediata y el primer ministro, Justin Trudeau, acusó a China de haber aplicado “arbitrariamente” la pena de muerte, y aseguró que se trata de una “grave preocupación” para su Gobierno y también debería serlo para toda la comunidad internacional.

“Antes de hacer tales comentarios, la persona en particular (Trudeau) tiene que leer atentamente la notificación emitida por el Tribunal Intermedio de Dalian y las leyes chinas pertinentes”, advirtió hoy en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Hua Chunying.

Tras defender que “todas las personas son iguales ante la Ley en China” y pedir a Canadá que respete el Estado de Derecho y la soberanía china, Hua recriminó que “quien detiene arbitrariamente a ciudadanos extranjeros es la parte canadiense”.

Así, de manera indirecta, aludió al arresto del pasado 1 de diciembre en Canadá de la directora financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos, que supuso el inicio de las tensiones diplomáticas que no han hecho más que agravarse en las últimas semanas.

Preguntada por el caso Meng, aseguró que no es un “caso legal normal” porque su detención supone “un abuso de los procedimientos legales”, y volvió a exigir a Canadá su “liberación inmediata”.
Días después del arresto de Meng, Pekín detuvo a dos canadienses, Michael Kovrig y Michael Spavor, supuestamente por poner en riesgo la seguridad nacional china. Mientras Meng disfruta ahora de libertad bajo fianza, ambos siguen bajo custodia policial.

Tras la condena a muerte a Schellenberg, Canadá también advirtió a sus nacionales del “riesgo de la aplicación arbitraria” de las leyes en China y les recomendó “ejercer un alto nivel de precaución” en el país asiático.

La portavoz de la diplomacia china aseguró que estas advertencias son “innecesarias” y animó al Gobierno de Trudeau a recomendar a sus ciudadanos que “no participen en el contrabando de drogas en China”, porque, en ese caso, “se enfrentarán a consecuencias”.

Schellenberg, de 36 años, fue detenido tras participar en 2014 en el intento de envío de 222 kilogramos de anfetaminas ocultas en neumáticos de China a Australia, de acuerdo con la agencia oficial china Xinhua.

Sin embargo, durante el juicio, el canadiense rechazó tales acusaciones e insistió en que fue “un turista incriminado por delincuentes”.

En 2012, Schellenberg ya fue condenado a dos años de prisión en Canadá por tráfico de drogas, y su historial criminal se remonta a 2003 cuando fue sentenciado a seis meses de prisión por posesión de drogas para traficar, según la radiotelevisión pública canadiense CBC.

Amnistía Internacional (AI) pidió hoy a China, el país que “ejecuta a más personas que cualquier otro del mundo”, que revoque la sentencia, ya que “los delitos relacionados con las drogas no cumplen con los estándares internacionales para el uso de la pena capital”.

“El sistema de pena de muerte de China está rodeado de secretismo, lo que contribuye a que muchos cuestionen el momento de esta decisión. Ya hemos visto que en casos altamente politizados el juicio es a menudo un mero espectáculo con el resultado ya decidido”, añadió el investigador de AI para China, William Nee, en un comunicado.

Por su parte, medios chinos aseguraron hoy que la condena muestra la determinación del país de no rendirse a la presión a la hora de implementar sus leyes.

“Es momento de que las élites canadienses se despierten de su narcisismo cultural”, arremetió el diario oficial Global Times, al mismo tiempo que señaló que una posible vinculación de la sentencia con el caso Meng es “una especulación irresponsable y un desprecio grosero”.

Según el Código Penal chino, cualquier persona que trafique, importe, transporte o manufacture opio en cantidades mayores a un kilo, o heroína en cantidades mayores a 50 gramos u otros narcóticos en grandes cantidades, deberá ser sentenciado a 15 años de cárcel, cadena perpetua o muerte, además de a la confiscación de sus bienes.

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